En el marco de una investigación que lleva adelante la justicia rosarina sobre una denuncia de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), fueron allanados durante el fin de semana, el domicilio y una empresa de la familia del vicepresidente comunal de Zavalla, Humberto Gabrielle, a quien el presidente de la Comuna, Guillermo Rajmil, le pedirá hoy la renuncia (ver aparte). En la causa se investiga una serie de irregularidades en un tendido eléctrico de dos loteos en Zavalla y otro en Alvear, al parecer realizados con elementos robados a la EPE y sin habilitación. También hay un jefe de inspectores de la empresa bajo sumario interno y se trata de establecer la responsabilidad de los inspectores de zona.
Las pesquisas comenzaron a principios de diciembre del año pasado cuando un corte de media tensión afectó la zona de Zavalla. Al hacer un relevamiento de cableados, desde la EPE, advirtieron que existían conexiones irregulares y sin autorización en los loteos conocidos como Barrio Social Comuna de Zavalla-Loteo Varela y Barrio Abierto Residencial Zavalla.
En esa oportunidad el personal que realizaba el relevamiento detectó la existencia en los mencionados lotes de cables preensamblados, que únicamente están disponibles para la EPE a través de licitación pública. También encontraron postes y medidores pertenecientes a la empresa provincial que estaban instalados en dichos barrios sin la autorización correspondiente ni la habilitación del servicio. Materiales similares también fueron descubiertos en el loteo Santa Susana de Alvear.
Cuando la justicia comenzó a actuar, tras la denuncia correspondiente, descubrió que las obras del tendido eléctrico de los tres loteos habían sido realizada por la firma Gabe Electrificaciones, cuya titutar es la pareja del actual vicepresidente comunal de Zavalla. También se descubrió la existencia de dos cheques, por un valor de 77 mil pesos cada uno, emitidos desde la Comuna que fueron confeccionados a favor de una persona con el mismo nombre y DNI que el del funcionario de la EPE investigado en esta causa.
En la misma denuncia también consta que uno de los loteos de Zavalla “se encontraba tensionado —conducía electricidad— y contaba con un medidor solicitado oportunamente por la comuna para registrar el consumo del alumbrado público, el que se había entregado para su uso en otro lugar”.
Responsabilidades
Por su parte los abogados de la EPE iniciaron una causa ante el Ministerio Público de la Acusación a fin de establecer las responsabilidades penales de las personas involucradas en el caso.
Allanamientos
El sábado último, las fiscales Natalia Benvenutto y Valeria Pedrana de la Unidad de Delitos Económicos, ordenaron allanamientos en el domicilio particular de Gabrielle y en la sede de la empresa electrificadora en Zavalla. También hicieron un secuestro “formal” de los elementos instalados que están proveyendo electricidad a los dos loteos. Es decir que procedieron a la identificación de materiales, cables y columnas, entre otros, que pertenecen a la EPE ya que tienen características particulares y sellos distintivos. La comisaría de la localidad quedó como depositaria judicial y debe hacer controles cada tres horas para evitar manipulaciones.
Por su parte, Gabrielle habría manifiestado que la empresa Gabe es prestataria de la EPE y que ésta le habría pagado con los materiales instalados en los barrios de Zavalla por no haber suministrado los mismos insumos para el loteo de Alvear. Desde la EPE negaron que se utilicen ese tipo de mecanismos.
Cheques comprometedores
Aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de la justicia o de la empresa denunciante, el representante de la oposición de la comisión comunal de Zavalla, Alejandro Scotto, confirmó a este diario que, según consta en la denuncia, un hombre que ocupaba un alto cargo en un área de inspección de la EPE con jurisdicción en la zona, fue el mismo que cobró dos cheques de la comuna de Zavalla con la firma del presidente comunal y la tesorera. “Ese funcionario está bajo sumario interno”, afirmó Scotto.
“Lo que personalmente me preocupa es el daño que se le hace a la gente que compró en Barrio Social sin los servicios correspondientes y hoy se encuentra con un problema judicial que no se sabe cómo terminará”, dijo a LaCapital Scotto y añadió que “el vicepresidente comunal hace mucho que viene actuando mal porque además es propietario de una empresa de hormigón que le vende a la Comuna. De ese modo se transformó en su propio proveedor y eso, en la función pública, es incompatible”.
Fuente: La Capital
