Por qué no se conoce el patrimonio de los jefes sindicales: los proyectos cajoneados en el Congreso

Los intentos por transparentar el patrimonio de los líderes sindicales naufragan en el Congreso de la Nación desde hace años. En la Argentina no hay actualmente ninguna reglamentación que obligue a que los líderes sindicales hagan públicas sus declaraciones juradas, tal como ocurre con los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde hace unos 20 años que diversos proyectos fueron presentados sin llegar a ver la luz del debate en el Congreso y por el momento el patrimonio de algunos de los referentes sindicales históricos del país es un interrogante, al menos para la gran mayoría de los afiliados y público en general.

Uno de los primeros proyectos que se presentó fue el del diputado Fernando Iglesias, que en 2008 propusodemocratizar los sindicatos mediante elecciones supervisadas por la Justicia Nacional Electoral. Esta iniciativa, que también buscaba vedar actividades empresariales a los líderes sindicales y limitar su permanencia en el cargo a un máximo de cuatro años, perdió estado parlamentario, nunca se trató.

Proyectos cajoneados y pocas declaraciones juradas: por qué no se conoce el patrimonio de los sindicalistas

Otro intento, en 2016, fue impulsado por Fernando Sánchez de la Coalición Cívica. Su proyecto buscaba modificar la Ley de Ética Pública para obligar a los sindicalistas a hacer públicas sus declaraciones juradas, que debían ser publicadas en el Boletín Oficial a los 90 días de haber asumido en el cargo. Sin embargo, esta propuesta tampoco llegó a ser tratada por ninguna comisión parlamentaria. Naufragó en el Congreso.

En el medio, la gestión de Mauricio Macri había insinuado allá por 2017/2018 con la posibilidad de incluir en la reforma de la Ley de Ética un capítulo referido a la transparencia del patrimonio de los sindicalistas, pero finalmente este artículo se retiró.

En 2022, Graciela Ocaña presentó un proyecto similar, también destinado a hacer públicas las declaraciones juradas de los líderes sindicales por ser personas políticamente expuestas, así como los balances de las obras sociales que manejan fondos millonarios. Su iniciativa nunca fue impulsada para su debate en comisión.

El último intento, en 2024, fue nuevamente de Fernando Iglesias, que volvió a insistir con su proyecto para democratizar los sindicatos aunque el mismo aún no ha sido tratado en el Congreso. El diputado se mostró optimista de cara a un posible impulso del Ejecutivo. “Milei habló de ir contra la casta, y el sindicalismo es casta”, dijo.

Los argumentos a favor de la transparencia sindical destacan que los gremios son personas jurídicas de carácter público no estatal, con un rol importante en la sociedad y que manejan fondos privados pero de terceros (contribuciones y aportes), y de interés público. En los años de la gestión de Alberto Fernández, los sindicatos recibieron (a través de las obras sociales) hasta 805 mil millones de pesos en concepto de medicaciones, prestaciones y subsidios.

En tanto, quienes se oponen argumentan que los sindicatos son entidades asociativas de derecho privado y que afectar su autonomía podría resultar perjudicial. Sin embargo, ante la falta de transparencia, la opacidad en cuanto al patrimonio de los líderes sindicales genera interrogantes sobre la gestión de los fondos que manejan.

Los sindicalistas que integran el Congreso debieron informar su patrimonio

La lista de los gremialistas que integran el Congreso de la Nación no es muy extensa pero permite conocer a cuánto asciende el patrimonio de alguno de los representantes de los trabajadores. Entre estos se encuentran:

• Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA): $4.208.000.
• Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria: $16.761.000.
• Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de Smata: $24.414.000.
• Carlos Cisneros, dirigente gremial de La Bancaria: $125.000.000.

Estas últimas declaraciones juradas corresponden a la anual del año 2022. TN las obtuvo a través del sitio oficial de la Oficina Anticorrupción (OA).