Volvemos a pedir la declaración de la Emergencia en Adicciones en Santa Fe

En el marco del 26 de junio “Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas”, nos vemos en la necesidad de volver a poner en discusión dos temas fundamentales que hoy atraviesan la vida de miles de jóvenes en nuestra provincia.

Por un lado la necesidad de implementar una Ley de Emergencia Provincial en adicciones que atienda la gravedad y masividad del problema de las adicciones en nuestra provincia y por el otro el rechazo rotundo a la intención de criminalizar al eslabón más débil de la sociedad con la Ley de narcomenudeo.

Como denunciamos en más de una oportunidad y como le dijimos al Gobernador el narcotráfico tiene responsables en las más altas esferas del estado y no en los pibes y pibas que son la consecuencia última de ese negocio.

Hemos pedido en reiteradas oportunidades informes sobre los (insuficientes) controles realizados en los puertos de la región por donde se conoce que ingresa y se exporta gran parte de los cargamentos de droga que llegan a nuestra región, así como por rutas sin control, con la complicidad de fuerzas de seguridad provinciales y federales corruptas. Ahí hay que atacar centralmente!

Pero ante esto el estado provincial en consonancia con el estado nacional ha definido avanzar en el sentido contrario con la Ley de Narcomenudeo, intentando atacar las consecuencias y no las causas.

Esta normativa termina siendo un ejercicio de control social, que castiga a los sectores más humildes y desesperados que no encuentran laburo en los barrios y agarran lo que el sistema le pone en sus manos: armas y drogas. Es más, le ofrece a miles de jóvenes la vida y cultura narco como “proyecto de vida” y referencia.

En las provincias argentinas que implementaron esta Ley, lo único que se ha logrado es duplicar la población carcelaria y el negocio del narcotráfico. “En Buenos Aires hace 13 años que está aplicada la Ley de Narcomenudeo y ha habido 60 mil detenciones, de esas sólo el 2% fue condenado por venta de droga”, denunció nuestro compañero el diputado Carlos Del Frade.

Sigue la impunidad del negocio y se perfecciona el mecanismo de “control social” de la población y, particularmente, de contención a la rebeldía natural de transformación de la juventud. Nada de seguridad para nuestro pueblo, ni arrimarse a la justicia social de tener trabajo, tierra, techo, salud, educación, cultura y deporte.

Derrotar el “narcomenudeo” debe partir de poner el acento en las condiciones de vida de la población. En construir oportunidades de sostenimiento en la educación y la incorporación al empleo formal de miles de santafesinos.

La “vulnerabilidad social” de parte importante de nuestra población y, en particular nuestra niñez y juventud, son determinantes para una conducta de consumos y tras de sí, de la violencia.

A su vez, disponer recursos económicos y humanos en una política de “prevención de consumo de drogas”, construir Centros Culturales y Deportivos para la prevención de las adicciones en cada barrio, fortalecer los Equipos Interdisciplinarios en las instituciones públicas de Salud que aborden el tratamiento de las adicciones en los márgenes de una verdadera “situación de emergencia”.

Y allí ponemos el énfasis en el otro eje. La necesidad de que se reconozca la masividad y la gravedad del estado actual de consumos de sustancias en la provincia, lo que exige trabajar en una Ley provincial de Emergencia en Adicciones con campañas activas, masivas y políticas públicas de prevención del consumo (como venimos reclamando y proponiendo desde que asumimos nuestra banca) con proyectos construidos al calor de la experiencia de las organizaciones sociales, políticas y religiosas que han ido ocupando los vacíos que dejó el estado durante décadas en el tema. Proyectos que además tengan a estas organizaciones como protagonistas en el diseño, aplicación y control de dichas políticas.

Estamos para aportar, los sectores populares sufren gravemente la inseguridad, pero no admitimos que se transforme en victimarios de la sociedad a miles y miles de pibas y pibes verdaderas víctimas de políticas de largo plazo que los empujaron a la exclusión, la violencia, la marginalidad y la muerte.

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