La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) es una entidad autárquica que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos. Fue creada en el año 2016 por Ley Nº 13.579.
Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la citada Agencia.
Entre los inmuebles sin subastar, hay casas en barrios cerrados como la del barrio cerrado San Marino, en Funes.
El precio base para la operación fue de $60.328.800 para una propiedad de 571 m2. Según el informe fiscal de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), entre API, TGI y Expensas, los propietarios debían en enero pasado poco más de $600 mil.
Este lunes se subastaron ocho inmuebles decomisados a Esteban Alvarado, sindicado líder narco enemigo de Los Monos; pero sólo uno pudo ser rematado, un campo. Los otros siete, casas o departamentos, no tuvieron interesados y para el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, una explicación posible es el “temor” o estigma que desalienta la compra y el uso de esos inmuebles. Con todo, lejos de considerarlo un “fracaso”, el funcionario señaló que ahora analizan usos institucionales de lo que no pudo ser subastado, aunque reconoció que por el tipo y ubicación de los inmuebles no será tarea sencilla.
En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), Somaglia explicó que “el propósito de la subasta era traducir esos bienes en dinero y volcarlo a alguna actividad estatal”. Sin embargo, de los ocho inmuebles ofertados, solo un campo fue rematado a 14 millones de pesos.
Los otros siete, entre ellas casas en barrios cerrados de Rosario y Funes, no contaron con interesados, por lo que ahora desde el gobierno provincial consideran otras opciones: “Nos pareció que lo más conducente era la venta. La venta no resultó, no lo tomamos como fracaso, nos desafía a ver qué alternativa”.
“Existen otras propiedades, que no voy a ubicarlas, que tenemos destinadas para protección a testigos. Hay otros destinos asignados a los bienes, pero nos pareció apropiado que podrían ser subastados”,
observó Somaglia.
Para Somaglia, el desinterés en la subasta, reflejada en la bajísima participación –de los 98 inscriptos, apenas fueron unas diez personas–, puede explicarse por “la simbología de lo que implica adquirir un bien que perteneció a un personaje como Alvarado”.
“Nadie está a gusto ni se siente seguro con estas empresas criminales, que estén deambulando y poder utilizar esos bienes”, reconoció.
