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Un grupo de vendedores ambulantes denunció ayer a los dirigentes del sindicato por amenazas y agresiones. Lo hicieron después de varios episodios que incluyeron dos ataques contra un carrito y una balacera a la casa de una vendedora de choripanes del parque Independencia. Según advirtieron, el gremio les cobraba un canon de 500 pesos para trabajar en plazas y parques, canchas de fútbol o recitales.A la Fiscalía de Flagrancia ingresó ayer la denuncia de Claudia Fernández, una vendedora de choripanes y hamburguesas del parque Independencia. La mujer de 53 años relató lo que vivió el miércoles por la noche, en su casa de la zona oeste de la ciudad.
Según relató al fiscal, estaba en la planta alta de su casa, mirando un noticiero de la medianoche junto a su marido, cuando escuchó detonaciones de arma de fuego en la vereda. Rápidamente bajaron y encontraron una ventana del living rota y los dos vehículos salpicados de balas.
La camioneta más grande, una combi Mercedes-Benz, tenía 8 impactos. Otro proyectil había destruido los vidrios de un utilitario Citroën Berlingo. Las dos camionetas estaban subidas a la vereda, en el frente de la vivienda de dos plantas.
“Tengo 42 años de vendedora ambulante y en todo este tiempo nunca me había pasado algo así”, se lamentaba la mujer ayer mientras mostraba las marcas dejadas por el ataque.
La mujer apuntó que en los última semana ya había sido víctima de otros dos episodios similares, esta vez en el carrito de comidas de su propiedad que, el jueves pasado por la tarde y el lunes a primera hora del día, fue atacado con bombas incendiarias.
Frente al fiscal, Fernández dijo desconocer a los autores de los tres atentados, pero ofreció una pista para investigar los hechos. “Todo esto empezó justo cuando en el sindicato se enteraron de que estábamos haciendo una agrupación paralela”, apuntó.
Marcha de la bronca
Con este mar de fondo, ayer una centena de trabajadores ambulantes llegaron al Concejo Municipal detrás de una bandera argentina con el nombre de la Asociación Néstor Borda pintado en letras negras.
Según indicaron durante la movilización, la entidad tiene como objetivo “cuidar la actividad” y a los trabajadores “acosados” por las autoridades del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara).
“Los matones del gremio aprietan a los trabajadores ambulantes de toda la vida para que les paguen 500 pesos por día para mantener su espacio en calle San Luis, el parque Independencia o La Florida”, las zonas más cotizadas por los vendedores.
“Hace dos años que estamos sufriendo estos aprietes, queremos trabajar libremente”, se quejaron frente a los concejales Carlos Cardozo, María Eugenia Schmuck, Norma López, Fernanda Gigliani, Eduardo Toniolli y Osvaldo Miatello. Y reclamaron celeridad en la investigación de los ataques sufridos por Fernández y otros que hasta ayer no se habían denunciado.
Según apuntaron, en la fiscalía se presentaron “más de 30 denuncias” por amenazas y agresiones contra vendedores de distintos espacios. Incluso, apuntaron, uno de estos incidentes terminó con un vendedor de praliné de plaza Montenegro internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.
Fuentes de Fiscalía no pudieron ayer confirmar estas versiones.
El frágil equilibrio
A diferencia de otras ciudades, en Rosario la venta ambulante no es ilegal. La actividad está regulada por la ordenanza Nº 7.703, aprobada en 2004. La Municipalidad es la autoridad que otorga los permisos de trabajo y debe fiscalizar que los puestos estén habilitados.
La norma establece cupos tanto para los puestos con parada fija (pororó y golosinas; choripanes y hamburguesas, artículos textiles, flores y lustradores de calzado) como para los permisos de venta ambulante de facturas, panes y turcas; globos y juguetes; helados y gaseosas; y objetos alegóricos a equipos de fútbol.
De acuerdo a la ordenanza, los vendedores deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que los puestos sean explotados por los titulares de los permisos y que puedan demostrar antigüedad en el rubro.
Los permisos son únicos e intransferibles y el único canon a pagar es el que exige el municipio, unos 499 pesos mensuales. Pero en la calle, los equilibrios son frágiles y suelen quebrarse rápidamente.
Según datos de la Secretaría de Gobierno municipal, en plazas, parques y otros espacios del macrocentro existen 600 permisos de trabajo que se renuevan anualmente mediante el pago de un canon. Y todos están otorgados.
Respuesta
El secretario general del Sindicato de Vendedores, Beto Riba, denunció que recibió agresiones y acusó a la Municipalidad por autorizar carritos en los que su personal “está en negro”, por lo que anunció que iniciará “un plan de lucha”.
Fuente: www.lacapital.com.ar
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