La decisión del intendente Rolvider Santacroce implica que quienes ingresan a entregar bienes deberán abonar sumas que en algunos casos llegan a los 10 mil pesos mensuales.
Involucra a proveedores de bebidas, carne, productos de mar, lácteos, materiales de construcción y hasta desagotadoras.
López Molina consideró que el impuesto, actualizado en la última sesión del Concejo Municipal funense a pedido del Poder Ejecutivo, “está mal llamado Derecho de Seguridad e Higiene”.
“Es una decisión que viola el derecho de libre circulación, establece una aduana interior al introducir productos como hecho imponible y es discriminatoria de los contribuyentes no domiciliados en la jurisdicción”, dijo López Molina.
“Se crea un tributo que grava una actividad sin sustento territorial -sin local-, por lo que mal puede cobrarse por servicio de fiscalización”, agregó.
El concejal recordó que la mayoría de los bienes incluidos no se producen en Funes, “Las consecuencias serán perjudiciales por igual para comerciantes y consumidores. En medio de la pandemia, se van encarecer los productos que compran los funenses”, reprochó.
“Son falsas medidas proteccionistas que fueron declaradas inconstitucionales por numerosos tribunales del país”, concluyó el concejal de Cambiemos.
