Hay un criterio central que debiera seguir cualquier política que busque la igualdad de oportunidades: darles más recursos a aquellos que menos tienen, o quienes más lo necesitan. Algo tan básico como eso no se cumple en la Argentina en materia de educación: aquí, los estudiantes y las escuelas con más vulnerabilidades no son necesariamente quienes reciben más atención y financiamiento.
Y no es por la acción de un gobierno o de otro, sino por la forma legal en que se estructuró históricamente el financiamiento educativo. En la Argentina no existe una norma que obligue al Estado nacional a compensar las diferencias entre las distintas regiones del país, tampoco está la información que se necesitaría si se quisiera modificar esta realidad. Y todo esto “agrava la desigualdad”, señala el informe sobre la educación en el mundo que presenta Unesco este martes y al que tuvo acceso Clarín.
Se trata del informe de “Seguimiento de la Educación en el Mundo” del organismo de las Naciones Unidas, que este año se centró en el tema de la inclusión educativa, entendida como aquella que garantiza una formación de calidad para todos los estudiantes por igual.
El informe recorre diversos aspectos que hacen a garantizar ese derecho. En el capítulo sobre la inversión educativa, subraya que el Gobierno nacional de la Argentina “asigna subsidios en bloque a los gobiernos provinciales” y que “las provincias cofinancian la educación mediante sus ingresos, cuyos niveles son sumamente variables, lo que agrava la desigualdad”.
“Hay distintas formas de financiar la educación y lo que se evidencia es que, en la Argentina, estas transferencias del centro a las provincias pueden ser un poco ciega a las diferencias de cada una. Con un conocimiento con mayor detalle de la situación educativa y de las condiciones estructurales de los distintos estados provinciales se podrían transferir más recursos a quienes más lo necesitan”, dijo a Clarín Carlos Vargas Tamez, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la oficina regional de la Educación de Unesco.
“La administración pública (de la Argentina) realiza transferencias no automáticas a provincias y municipios para implementar sus programas a nivel nacional. Su efecto sobre la desigualdad es difícil de estimar”, agrega el informe, que propone: “un modelo más centralizado para abordar la desigualdad interprovincial, así como una revisión de las transferencias no automáticas para aumentar su efecto sobre la desigualdad”.
“Hoy hay dos formas en las que llegan los fondos educativos nacionales a las provincias. A través de los programas nacionales y por coparticipación”, le dice a Clarín Agustín Claus, docente de Economía de la Educación de FLACSO y especialista en financiamiento educativo, que explica cuáles son las diferencias.
“Los programas nacionales se asignan de forma discrecional, sin un criterio objetivo. No está pensado con un criterio redistributivo, a excepción de las escuelas técnicas. Estamos hablando de becas, políticas de formación docente, de evaluación de aprendizajes, entre otros programas. En los últimos 8 años se manejaron de esa forma y es legal. Es que no hay normativa que diga que hay que seguir criterios de igualdad. En el caso de la coparticipación, en cambio, sí se sigue un criterio más redistributivo. Pero ese dinero va para pagar salarios y no permite ir reduciendo las brechas educativas”.
Para Claus esto se puede cambiar si la inversión nacional se rige por ciertos indicadores que hacen a la igualdad educativa, como el costo por alumno (cuánto se invierte en cada uno) o el esfuerzo educativo de las provincias (el peso que tiene educación en el presupuesto provincial). También se debiera considerar otras variables como la población vulnerable o por debajo de la línea de la pobreza, por ejemplo.
El informe de Unesco es bien extenso y tiene algunos puntos fuertes sobre la exclusión educativa en gran parte del mundo. Muestra, por ejemplo, que en todos los países, con excepción de los de altos ingresos de Europa y América del Norte, sólo el 18% de los jóvenes más pobres terminan la escuela secundaria. En 32 países de la OCDE, en tanto, las escuelas y aulas más desfavorecidas tienen más probabilidades de contar con maestros menos calificados.
El problema involucra a los maestros. “Cerca del 25% de los docentes de 48 sistemas educativos señalan que hay una gran necesidad de formación profesional para enseñar a alumnos con necesidades especiales. En todo el mundo, solo 41 países reconocen el lenguaje de signos como idioma oficial. En Europa, 23 de 49 países no abordan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género en sus planes de estudios”, surge del trabajo.
También se hace referencia al actual contexto de pandemia y se señala que las desigualdades se han exacerbado: el 40% de los países del mundo no han apoyado a los estudiantes que están en situación de riesgo durante esta crisis.
“Uno de los compromisos de la agenda educativa para el 2030 es priorizar el desarrollo de los grupos menos privilegiados: desde las personas en situación de discapacidad, las niñas y mujeres, los que viven en entornos rurales, los pueblos indígenas, entre otros. Estos grupos no están representados, y lo vemos los docentes. Es difícil poder educar para la diversidad en escuelas que suelen ser monoculturales, o segregadas por sexo o capacidad”, agrega Vargas Tamez.
“La educación inclusiva es cara, en el corto plazo. Pero que los estudiantes terminen dejando la escuela resulta, a la larga, mucho más caro en términos del desarrollo para los países”, concluye Vargas Tamez.
Los diferentes modelos en la región
En el informe de la Unesco se señala que “una comparación reciente (de Argentina) con otros países latinoamericanos da una idea del potencial de redistribución perdido”.
Agustín Claus explica que el esquema argentino de financiamiento educativo se rige por la oferta. Esto es, se construye una escuela, se asignan los cargos docentes y después de ve quiénes y cuántos alumnos van. En el extremo opuesto está el esquema de Chile, que se rige por la demanda: según la cantidad de chicos que hay se financian las escuelas y los docentes.
“Lo más interesante es lo que hizo Brasil en las últimas décadas, que combinó los dos: es un esquema de oferta pero crearon fondos federales para resolver las diferencias”, explicó Claus.
