Dos hombres detenidos por sustraer herramientas de una obra en construcción
Es que el año electoral supuso una decisión que venía impulsado un sector de la Casa Rosada: endurecer el control en el reparto de planes que supieron gerenciar las organizaciones sociales.
La determinación de aumentar los controles comenzó a verse este año bajo dos medidas que tomó el ministerio de Desarrollo Social.
Por un lado, el reempadronamiento y actualización de datos de los más de 400.000 beneficiarios de planes sociales a lo largo y ancho del país. Esto supone un trámite en Anses y el posterior chequeo por parte del Gobierno.
En segundo lugar, mayores controles en la contraprestación: la asistencia a centros educativos o cursos de formación laboral, un requisito de los ex Planes Trabajar y ex Ellas Hacen, hoy bajo la denominación “Hacemos futuro”.
En este punto, el diario La Nación reveló la semana pasada que Desarrollo Social le suspendió el plan a unos 12.000 beneficiarios que no cumplieron con la certificación de un curso laboral o educacional. En rigor, en marzo podrían ser más: se habla de un 5% del padrón total de bajas, según deslizaron cerca del secretario de Economía Social, Matías Kelly, un hombre que llegó de la mano del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
Idealista, bohemio, y fanático de trabajar descalzo, Kelly es quien tiene en sus planillas de Excel, que cuida celosamente, los listados de beneficiarios que no cumplieron y fueron dados de baja.
Entusiasmado, el secretario de Economía Social sueña con avanzar con otra tanda de beneficiarios que no acreditaron sus estudios.La jugada tiene sus riesgos aunque, en rigor, mientras estuvo Quintana en la Casa Rosada, la jefatura de Gabinete insistía, de manera ostensible, con bajar el gasto social con agujas de acupuntura: desde las pensiones, que terminaron en un escándalo, a los planes.
A esto se le suma un dato clave: desde que asumió Stanley las organizaciones sociales fueron perdiendo fuerza de manera progresiva ya que no controlan el sistema de altas y bajas de beneficiarios, y ya no tienen acceso a listados para reempadronar a quienes sus líderes deseen.
“Fue la lucha por terminar con los punteros lo que trabajamos con María Eugenia (Vidal) y Carolina (Stanley) desde que arrancamos, hoy se puede ver más claro”, destacan en la cartera social.
“Si hoy tomás los piquetes que se hicieron en la mayoría no aparecen beneficiarios de planes sociales”, agregan las fuentes.
El endurecimiento en el control, sumado al anuncio del aumento de un 46% de la Asignación Universal por Hijo en la sesión de apertura del Congreso por parte del presidente Mauricio Macri, conforman el mismo eje: intentar dejar sin argumentos a las organizaciones en medio de un año clave para el futuro político del país.
“Las organizaciones sociales están en modo electoral, miden fuerzas entre ellas, por eso puede seguir habiendo cortes y reclamos, pero nada puntual, menos aún después del anuncio de la AUH”, explica una fuente oficial a PERFIL.
El posicionamiento político de Juan Grabois, cara visible de la CTEP, defendiendo a Cristina Kirchner en sus causas judiciales, o las movilizaciones del Polo Obrero, el brazo piquetero del Partido Obrero, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie (quien compartió esta semana una actividad con Mayra Mendoza, de La Cámpora), son solo algunas muestras, creen en el Gobierno.
Comentarios
