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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, informará este miércoles al Senado sobre las acciones llevadas adelante para combatir los incendios que ya afectaron al 10% de la superficie de la provincia de Corrientes.
El funcionario informará a partir de las 17 ante los legisladores que conforman la Comisión de Ambiente y lo hará de manera presencial, ya que el protocolo de encuentros por videoconferencia venció en diciembre y no fue renovado.
En tanto, desde las 15 se constituirá la Comisión que deberá elegir a sus autoridades para este nuevo período que, en principio, continuarán siendo la bonaerense Gladys González, de Juntos por el Cambio (JxC) y la rionegrina Silvina García Larraburu, por el Frente de Todos (FdT), informaron fuentes legislativas.
El martes se informó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destinará 300 millones de pesos al Gobierno de Corrientes para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y satisfacer demandas logísticas del operativo de combate a los incendios en curso en la provincia.
Así lo acordó Cabandié durante un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés en la Casa de Gobierno correntina. Asimismo, el funcionario recorrió las zonas afectadas por los incendios forestales.
¿Cómo llegamos al catastrófico escenario actual?
A la combinación de un escenario climático complejo, como una sequía extraordinaria muy probablemente relacionada a la crisis que en todo el planeta registra fenómenos extremos, sumamos la imprudencia y negligencia humana sobre el manejo del fuego, un cóctel explosivo que solo necesitaba de una chispa para ser detonado.
Diversas son las causas que pueden citarse para señalar cómo surgen estos incendios. La quema clandestina como método tradicional de desmalezado y renovación de pastizales es una de las razones. Esta práctica tradicional (e imprudente) transformó en una bomba de tiempo buena parte de la provincia, además de otros usos equivocados y una cultura peligrosa respecto al manejo del fuego.
Asumir el daño ambiental que está sufriendo la hermana provincia significa reconocer la pérdida que ocasionan los incendios a la riqueza natural y cultural de los argentinos. Un daño de enorme importancia al patrimonio natural nacional. También la crisis pone en evidencia las dificultades para articular políticas tanto preventivas como paliativas entre los gobiernos municipales, provinciales y la administración federal.
El respeto a las autonomías locales, tanto provinciales como municipales, puede coexistir con redes federales que actúen rápido ante este tipo de catástrofe, ya que la respuesta local se demuestra insuficiente. Es extremadamente complejo que una provincia pueda contener con recursos propios los cientos de miles de hectáreas incendiadas a un ritmo acelerado.
A la dificultad climática y social se la debe enfrentar con políticas activas y coherentes en materia ambiental. La República Argentina cuenta con dos leyes claves en este campo: la Ley Nº 27621 de Educación Ambiental Integral (EAI), con el objetivo de establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, y la Ley Nº 27592, también conocida como “Ley Yolanda”, que establece la formación integral en medio ambient: “para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. Estas leyes tienen una finalidad capacitadora, tanto en los cargos públicos como en toda la ciudadanía por medio de la educación.
La legislación argentina también cuenta con la Ley Nº 27604, modificatoria de la Ley Nº 26815, de manejo del fuego. En su artículo 22 bis prohíbe por un plazo de 60 años “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, específicamente en “caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales”.
La respuesta no puede basarse únicamente en la legislación. La ley es un requisito necesario, pero su cumplimiento debe ser una obligación ética frente a lo que está sucediendo. Nos educamos no sólo para formarnos como ciudadanos, sino para cuidar nuestros bienes colectivos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el equilibrio biológico que sostiene la vida humana como la conocemos. Una autopreservación necesaria, de la mano de la Ley, pero también de la conciencia, de la indignación, de las prioridades de subsistencia y de un crecimiento sostenible.
La problemática ambiental debe ser estratégica y central frente a un escenario tan complejo, la política ambiental debe ser federal, transversal e integrada, del Litoral a la Patagonia.
Asistimos impávidos al desastre ecológico de la provincia de Corrientes y esperamos que pronto termine esta pesadilla. Pero no debemos quedarnos quietos, sino que debemos crear y promover una ciudadanía preocupada por el medio ambiente, y una conducción política sensible al tesoro que significa la biodiversidad de nuestro país. Las futuras generaciones lo agradecerán.
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