Dos hombres detenidos por sustraer herramientas de una obra en construcción
El Ministerio de Infraestructura y Transporte dictó la resolución N° 214/18 que establece una modificación del 18% en la tarifa de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) para el tercer bimestre (mayo/junio) del corriente año.
La resolución indica además que “con la antelación necesaria, el Ministerio evaluará, de así considerarlo, la escala de incrementos aplicable a los bimestres subsiguientes en un todo de acuerdo al déficit económico de Aguas Santafesinas, acreditado en este proceso según los criterios y fundamentos de las partes intervinientes”.
En los considerandos, la resolución justifica la medida en los siguientes puntos:
Existe una evolución constante del déficit progresivo de ASSA en materia de ingresos derivados de la tarifa del servicio.
Ello surge con grado de evidencia suficiente en este proceso y ha sido corroborado en la intervención consultiva y técnica del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress).
No se han determinado situaciones concretas y medibles que correspondan a ineficiencias empresarias.Se ha constatado un desequilibrio puntual en la relación tarifas/aportes, que si bien ha logrado disminuirse a partir de la implementación de nuevas herramientas, en 2017 alcanzaron hasta un 20% de la cobertura de costos a cargo del Tesoro Provincial.
A nivel de fines y objetivos públicos existe un consenso generalizado en adoptar medidas graduales que perfilen nuevas instituciones y normas destinadas a una mejor y más eficiente distribución de costos del servicio.
En esta etapa, los sistemas de subsidios externos e internos, así como las exenciones y el régimen de casos sociales, deberían permanecer vigentes.
Es menester transitar paulatinamente los ajustes derivados de la situación de desequilibrios.
No es posible soslayar las recomendaciones y manifestaciones oídas en audiencias públicas en cuanto a la consideración de la situación socio económica de los usuarios, también como condición de validez de los actos estatales.
La razonabilidad y gradualidad de los ajustes resulta un derecho patrimonial con rango constitucional de protección.