La medida se confirmó en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y la UBA por las auditorías.
El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial cuatro decretos para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es por eso que de ahora en más las universidades públicas deberán informar sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de los portales COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF. Además, idearon un DNU para eliminar las contrataciones interadministrativas o con personas jurídicas o físicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
El objetivo de estas medidas no interferirá en las decisiones autónomas de las universidades públicas, según el Ejecutivo. “Es para mejorar la rendición de cuentas”, indicaron funcionarios involucrados en la preparación de la normativa.
En la redacción de estos decretos estuvieron presentes el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
La letra chica de los decretos
El primer decreto obliga a las universidades a que opten por COMP.AR y CONTRAT.AR. Hay 35 que ya los utilizan, pero otras no, lo que complica la rendición de cuentas. El segundo decreto, por su parte, determina que las casas de altos estudios dejen de usar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) y lo reemplacen por Sistema e-SIDIF. Esto permitirá que los gastos, transferencias y pagos tengan el mismo seguimiento que tienen los demás fondos públicos.
“El SIU tiene un retardo en la información. Una compra la vemos un tiempo después de que ocurrió. Con el e-SIDIF la idea es que se pueda ver de manera online y sincronizada cuando se va ejecutando el presupuesto de cada uno”, indicó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
El tercer decreto es un DNU que impone restricciones en las contrataciones directas e interadministrativas, es decir, contratos entre reparticiones públicas y universidades. Esto permitirá promover las licitaciones e impulsar el desarrollo de empresas privadas.
“Solamente entre 2022 y 2023, se celebraron más de 2000 convenios entre las Jurisdicciones y las Universidades Nacionales y/o facultades. Estos convenios tienen objetos diversos, entre los que se encuentran servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría”, dijeron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. “Esto contradice su naturaleza excepcional”, indicaron.
El cuarto decreto es el que reglamentará este último DNU, para adecuar los cambios que sean necesarios.
A partir de la publicación de estos documentos, las universidades públicas comenzarán a implementar gradualmente los nuevos sistemas, según las disposiciones de la Oficina de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda.
Las opiniones sobre la UBA y la aceptación del CIN
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está al tanto de las medidas del Gobierno y a favor de fomentar la transparencia. Sin embargo, las dudas aparecen con respecto a la UBA. La Universidad de Buenos Aires se muestra reticente a las distintas medidas que el Ejecutivo busca implementar en la educación pública. “La UBA tiene que entender que hay una Constitución en la Argentina y tiene que acatarla”, señaló Álvarez.
Además, en caso de que los decretos sean judicializados por la institución, desde el Ministerio de Desregulación explicaron: “Siempre hay resistencia. No tenemos miedo. Presentamos un sustento y una legislación muy claros. Queremos que todos los organismos se controlen por igual”.
