Congelamiento de precios, conflicto y amenaza de espiralización

El 3,5% de inflación de septiembre alertó nuevamente sobre un recalentamiento en la suba de precios. Luego de cinco meses donde el dato se venía desacelerando, la política de “anclar” el dólar oficial para intentar frenar la velocidad del alza de los precios muestra sus limitaciones.

En respuesta, el oficialismo busca una solución al problema con el recambio en la secretaría de Comercio y la asunción de Roberto Feletti. Sin embargo, esta fue la única variante que encontró el Gobierno para ensayar una respuesta al drama inflacionario.

En este marco, el anuncio del congelamiento de precios aparece como una medida aislada y de urgencia para el corto plazo. No podría ser de otra manera, ya que en el gabinete coexisten funcionarios que discrepan sobre las causas y las medidas que se deberían tomar para enfrentar el problema. 

Si hay un punto de acuerdo, no sólo hacia dentro del oficialismo en crisis sino también entre la oposición y la opinión pública, es que la medida no logrará frenar la inflación. 

La respuesta y el conflicto

Pero lo más llamativo fue la reacción de las grandes productoras de alimentos. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), encabezada por el también titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, planteó su oposición al acuerdo de precios. 

“No están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”, dice el comunicado de la COPAL.

En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, quién advirtió que, con la implementación de la medida, “va a haber desabastecimiento, no tengo ninguna duda”. 

El tono confrontativo de los representantes de lo más concentrado de la cadena alimenticia y de sus voceros en los medios de comunicación puede entenderse en el marco de un oficialismo que sangra por sus crisis internas y no logra recuperarse de la derrota electoral. Pero al mismo tiempo muestra un grado de desapego con la sociedad que no deja de asombrar. 

Detrás del enfrentamiento del sector con el oficialismo, millones de personas sufren las consecuencias de la inflación: más del 40% de la población vive en la pobreza, y quienes viven de un salario en pesos vienen de perder más del 20% de su poder adquisitivo desde el 2018 hasta la actualidad.

La explicación de la postura inflexible de las empresas puede encontrarse en que el proceso inflacionario viene teniendo ganadores y perdedores. Las corporaciones que producen alimentos y cotizan en bolsa deben hacer sus balances públicos. De ahí se desprende que la mayoría de ellas lograron revertir las pérdidas sufridas durante 2018 y 2019 durante el año pasado, mientras la pandemia profundizaba la pérdida del poder de compra de los salarios. 

Este proceso de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el empresariado fue reflejado en un informe del Indec publicado esta semana. Durante el segundo trimestre del año, la participación de la remuneración al trabajo asalariado en la cuenta generación del ingreso cayó 10 puntos respecto al mismo período de 2020, mientras el excedente bruto de explotación creció casi 4 puntos. Así, los salarios se quedaron con sólo el 40% de la torta generada en el país, mientras las ganancias empresariales acapararon más de la mitad.

Tampoco es necesario mostrar datos duros frente a una dinámica conocida. Mientras el Gobierno amenaza con sanciones y la ley de abastecimiento, las productoras de alimentos simplemente actualizan su lista de precios, como lo hicieron en el mismo momento en que el oficialismo reveló su voluntad de ir hacia un acuerdo de precios. O, como adelantó Grinman, dejan de vender. En la vereda del frente, los aumentos salariales corren por detrás de la inflación, consolidando la transferencia de ingresos.

El peligro del espiral

La duda que flota sobre el escenario descrito es si el “operativo desgaste” mutará hacia un “operativo derrumbe” contra el Gobierno luego de las elecciones generales del 14 de noviembre. 

La “radicalización” del oficialismo, tantas veces anunciada por voceros no declarados de las entidades empresariales, no llegó con el “plan platita”, que fue muy acotado, ni parece que vaya a llegar con castigos contra quienes incumplan el congelamiento. Si se buscan síntomas de “radicalización”, se pueden encontrar fácilmente en la UIA, la COPAL y sectores afines.

Mientras el conflicto corporativo avanza, en los mercados financieros se juega una partida que puede echar más leña al fuego de la inflación. La demanda de instrumentos de “cobertura” tuvo un aumento exponencial en las últimas semanas. Las suscripciones netas a fondos comunes de inversión que ajustan por CER (inflación) tuvieron un saldo de $6.210 millones en los primeros 15 días de octubre. 

En el mismo sentido, crecen las apuestas por una devaluación del peso durante los próximos meses. Las suscripciones a fondos atados al dólar oficial (dólar linked), tocaron un récord al llegar a los $23.000 millones solo en la primera quincena del mes. El volumen de cobertura en el dólar futuro (Rofex) viene aumentando a una velocidad mayor que la de septiembre. 

Por su parte, la cotización del dólar contado con liquidación, que se consigue comprando acciones en el mercado local y vendiéndolas en Wall Street, cerró arriba de los $198 en la rueda del jueves. 

Por ahora, el gobierno muestra herramientas para frenar una corrida. Pero el refuerzo de los controles de cambio y la cantidad de reservas disponibles tienen sus limitaciones, y difícilmente puedan aguantar una declaración de guerra total de sectores del establishment. 

Un agravamiento del conflicto amenaza con la posibilidad de agravar la dinámica de precios y dólar. Un nuevo escenario de profecía autocumplida puede llevarnos a una espiral devaluatoria e inflacionaria, que profundizaría la fragilidad de la situación económica y social.