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Un total de 27 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de la causa que investiga la denuncia del Ministerio de Seguridad por extorsión a beneficiarios de planes sociales para que concurran a manifestaciones.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dictó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
La medida judicial apunta a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, y surgen de los llamados que se recibieron en la Línea 134, habilitada por la cartera de Seguridad para que beneficiarios de programas estatales denuncien amenazas por parte de los dirigentes.
Entre los acusados, figuran Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero En esta lista, también están anotados los nombres de Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), que administraban comedores populares.
De acuerdo con la pesquisa, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados“, dice la resolución que firmó la Sala I de la Cámara.
La Justicia ordenó también el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.
Los chats
Quienes se comunicaron al 134 ratificaron su denuncia en sede fiscal y aportaron sus propias conversaciones donde, según un comunicado de Presidencia, se probó la extorsión para concurrir a las protestas.
“Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente”, afirmaron fuentes oficiales. “Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos”, agregaron.
Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.
El descargo de las organizaciones
Después de los 27 allanamientos, dirigentes de distintas organizaciones hablaron en conferencia de prensa y negaron los hechos. Dijeron, por el contrario, que se trata de una “persecución política” por parte del Gobierno de Javier Milei.
“Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, advirtió el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó por su parte Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de UTEP.
Una de las abogadas que representa a las organizaciones sostuvo: “Estos allanamientos se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios cuando no había ningún tipo de resistencia”.
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